El ministro de Educación de Brasil, Fernando Haddad, hizo una enérgica defensa de la posición de América Latina y el Caribe en cuanto a que la educación superior sea considerada como un bien público y un derecho humano fundamental.Haddad hizo estos señalamientos en el marco de la II Conferencia Mundial de Educación Superior, convocada por la UNESCO, y que concluyó este miércoles en París.
En una entrevista con IESALC Informa, Haddad sostuvo que hay que evitar el avance de la tendencia privatizadora en la educación superior, pero sin descartar las alianzas con el sector privado, que también debe estar sometido a estrictos sistemas de evaluación.
¿Cuál es la posición de Brasil y de América Latina y el Caribe con respecto a que la educación debe ser declarada un bien público?
Hay que señalar que en esta conferencia, América Latina y el Caribe se mantuvieron muy unidos en la defensa de principios importantísimos para el futuro de la educación superior en nuestro continente. Uno de esos aspecto es el que usted apunta, el de considerar la educación superior un bien público y un derecho humano fundamental. Eso, evidentemente, puede parecer una frase simple pero abarca toda una filosofía de lo que significa la educación, sobre todo la educación superior, para forjar la identidad nacional, para forjar la identidad regional, para proteger los bienes culturales de nuestro continente, para impedir la comercialización de educación y el deterioro de la educación superior por la acción inescrupulosa de agentes oportunistas, para crear un sistema de acreditación que nos permita asegurar el intercambio de estudiantes, profesores, funcionarios. Es decir, abarca una buena agenda de trabajo y de cooperación.
Ustedes están haciendo especial énfasis en que la educación pública sea financiada por los Estados, más que por el sector privado, ¿por qué?
Es evidente que nuestros países tienen un contingente poblacional que no tendría acceso a la educación si no fuese por la acción del Estado. Imaginar que el sector privado puede actuar como el Estado en el sentido de ampliar la matriculación -incluso por medio de préstamos educativos- no resolverá el problema. Lo que va a resolver el problema es la ampliación de la inversión pública en educación, garantizando que desde la educación infantil hasta la educación superior, todo ciudadano tiene derecho a ir más allá en su trayectoria formativa. Eso solo puede garantizarlo el Estado.
De todas maneras, la educación privada es una realidad en la región, especialmente en el nivel terciario. ¿Cómo conciben, entonces, esa relación entre el Estado y el sector privado?
Brasil tiene experiencias exitosas de alianzas con el sector privado, incluso tenemos un programa de intercambio de impuestos por bolsas de estudio. Las instituciones dejaron de pagar impuestos a cambio de inclusión. Esa ha sido nuestra experiencia de alianza público-privada. Sin embargo, en paralelo con el establecimiento del sector privado, es necesario crear un sistema sólido de evaluación, con consecuencias regulatorias. No basta con evaluar y divulgar los resultados. Es necesario, muchas veces, que el Estado intervenga y expulse del sistema a las instituciones que no se comprometan con la calidad.
Los delegados de América Latina y el Caribe en esta Conferencia se han quejado mucho de que lo que se acordó en las reuniones preparatorias, y especialmente en la Conferencia Regional, no estaba reflejado en el borrador final de la Conferencia Mundial. ¿Se ha logrado algún avance en ese sentido?
El documento final, al menos con el que yo tuve contacto, ya es otro. Ya hay expresión de un deseo genuino de los países de entenderse con respecto a este tema, que es muy importante a escala global. Entiendo que el documento final va a expresar mucho más fielmente la expresión de nuestros países. Realmente, el documento preliminar no satisfacía esa intención.
Iesalc Informa desde Paris/ por José Baig
